La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su información financiera de 2019, reportó que en el sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs), se encuentra integrado por 157 entidades autorizadas y en operación.
Durante el ejercicio 2018, se revocaron las autorizaciones de dos SOCAP, y se dejaron sin efecto las autorizaciones de dos más, debido a que culminó el proceso de fusión con otras sociedades autorizadas.
Asimismo, se otorgó la autorización a cuatro sociedades, para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en términos de la LRASCAP.
Únicamente, las SOCAPs autorizadas y supervisadas por la CNBV cuentan con la cobertura del seguro de depósito del Fondo de Protección (Focoop) hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS por ahorrador, como se establece en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP).
El Comité Técnico del Focoop se integra por representantes del sector y sus recursos provienen principalmente de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas.
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs)
El Fondo de Protección (Focoop) cuenta con la cobertura del seguro de depósito.
El Comité Técnico del Focoop se integra por representantes del sector y sus recursos provienen de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas
Canales de acceso
En materia de Inclusión Financiera, se da a conocer el avance a nivel estatal, en los siguientes aspectos:
Acceso:
- Canales por cada 10 mil adultos, incluye sucursales, corresponsales, cajeros y terminales punto de venta.
- Cobertura por tipo de municipio, urbano y rural: sin sucursal (ni corresponsal), con sucursal, y sin sucursal pero con al menos un corresponsal.
Uso:
- Captación: número total de cuentas de depósito y ahorro por cada 10 mil adultos de las instituciones financieras y número de cuentas ligadas a un celular por cada 10 mil adultos.
- Crédito: número total de contratos de crédito por cada 10 mil adultos (incluye los sectores de banca y ahorro y crédito popular).
- Distribución de contratos de crédito, por producto y de acuerdo al sector al que pertenecen las instituciones (banca y entidades de ahorro y crédito popular).
- Para conocer la distribución de la información se puede consultar la siguiente base de datos: Base de datos de inclusión financiera.
La Inclusión Financiera se mide tomando en consideración los siguientes indicadores:
– Acceso, cobertura, uso, captación, crédito, contratos de crédito.
Indicadores de infraestructura financiera a nivel nacional:
En cuanto a la evolución de los puntos o canales de acceso al sistema financiero el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2019 reporta lo siguiente:
El 85% de la población adulta habita en localidades que se encuentran a menos de 2 km de un punto de acceso. Esta proporción crece a 90% al considerar un radio de 4 km, 95% si el radio se amplía a 7 km y 98% si se trata de municipios.
Ahorro o captación. Referente al número de cuentas de captación, en México, hay, en promedio, 1.2 cuentas por cada adulto. La participación de las entidades de ahorro y crédito popular es del 13% del total de cuentas y las cuentas de expediente simplificado representan el 21% del total de contratos.
Economía de Género
La economía de género bien puede tener varios enfoques, sin embargo, la intención del presente apartado es visibilizar un poco la situación actual que se tiene entre la Educación Financiera tanto en hombres como en mujeres. De esta manera tenemos que llamar la situación, nuestro país coloca en una posición de desventaja a las mujeres no por no contar con normativas de protección, sino por un atraso en la utilización de los beneficios para acceder a la Educación Financiera, principalmente.
Desde la perspectiva de economía de género, es importante que se reconozcan las distintas necesidades, privilegios, derechos y obligaciones de mujeres y hombres en la sociedad; reconociendo también las diferentes contribuciones de mujeres y hombres en la producción de bienes y servicios, así como su distinta participación en los diferentes trabajos necesarios para la reproducción social.
La responsabilidad social de crear programas sensibles al género ayuda a mostrar y hacer más transparente la relación existente entre los objetivos políticos y los ingresos y el gasto público, así como, entre la política y la distribución del gasto en todas las actividades del gobierno. Incorporar entonces el enfoque de género en los programas y en general todas las acciones que el gobierno despliegue, requiere unir el conocimiento sobre los roles y las relaciones de género y el conocimiento sobre el sector público y la economía.
Otra característica que deben de tener los esfuerzos de economía de género es que deben ser trasversales, es decir, que deben de estar contemplados en todos los programas sociales de todas las dependencias para que tengan un resultado significativo y no sea esfuerzo de una sola dependencia o sector. Hay veces que la perspectiva viene sugerida en algunos programas, pero ésta debe de ser explícita para ser efectiva. La EF con perspectiva de género podría resultar una herramienta con profundas implicaciones, no sólo en términos de equidad social y económica sino también en la consecución de determinados estándares de vida.
La perspectiva de los estándares de vida que visibiliza y sitúa los trabajos de cuidados como elemento central del desarrollo humano, va mucho más allá de la idea de igualdad de oportunidades, ya que permite plantear las responsabilidades reproductivas como un tema social y político de primer orden y no como un aspecto privado (de responsabilidad femenina).
La forma cómo se diseña e implementan las políticas públicas y cómo se otorguen las transferencias monetarias, estará configurando una organización específica de distribución del tiempo y del trabajo mercantil y familiar doméstico.
La importancia de estos enfoques es interpelar a la sociedad en general con relación directa con los estándares de vida de la población, destacando la importancia del trabajo de cuidados. De esta manera, se está asumiendo que existe una tensión histórica entre el bienestar de la población y el beneficio privado que exige la participación del sector público para la organización y redistribución de los recursos, en función de los estándares de vida generalizados.
El Panorama Anual de Inclusión Financiera de la CNBV 2019 revela que la tenencia de productos y servicios financieros continúa siendo desfavorable para las mujeres. La brecha en posesión de cuentas de captación fue de -3.2%, en créditos hipotecarios de -26.4%, en tarjetas de crédito de -5.5%, en cuentas de captación de las SOFIPO de -1.0% y en créditos de las entidades de ahorro y crédito popular (EACP) de 6.7%.
La brecha de género ENIF 2018,muestra que las mujeres también tienen un rezago en materia de acceso a los seguros y las Afores. Acuden menos a utilizar la infraestructura financiera, usan menos su tarjeta de débito, sus expectativas para cubrir los gastos asociados a su vejez, recae en otras personas.
Asimismo, las brechas de género reveladas por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (datos de la demanda) muestran que las mujeres también tienen un rezago en materia de acceso a los seguros y las Afores. Asimismo, las mujeres acuden menos a utilizar la infraestructura financiera, usan menos su tarjeta de débito, y sus expectativas para cubrir los gastos asociados a su vejez, recae en personas externas a ellas (gobierno y familia), en mayor medida que los hombres.